La situación se le pone de color hormiga al hombre de Pedro Sánchez en la Fiscalía General del Estado. Y es que no hay quien se crea lo de que en el terminal de Álvaro García Ortiz no hubo mensajes en esos días de marzo de 2024 cuando se filtraron los datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por esa razón, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acaba de remitir al Tribunal Supremo un nuevo escrito en el que exige tomar declaración como imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por prevaricación administrativa, revelación de secretos por apoderamiento ilegal y por infidelidad en la custodia de documentos públicos. El magistrado Ángel Luis Hurtado apunta a una posible revelación de secretos contra Alberto González Amador, pero esa asociación reclama ir más allá. Para la APIF hay otros delitos y pide investigar el borrado de los mensajes del móvil del fiscal general. Este procedimiento ha pasado por tres instancias judiciales, lo que está dando un tiempo que no tendría ningún otro investigado para desarrollar todo tipo de estrategias, excusas o explicaciones a cada novedad de la unidad policial investigadora o avance de la instrucción. Es necesario determinar en el atestado, de manera que no deje lugar a la duda, si pueden recuperarse los whatsapp u otra mensajería instantánea, así como correos electrónicos borrados, mediante aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use la UCO.
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