Entre los sancionados figuran ministros clave, como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, además de altos mandos de las fuerzas de seguridad, acusados de reprimir protestas tras las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿son estas sanciones un paso hacia el cambio democrático en Venezuela o un gesto vacío que fortalece la narrativa de resistencia del chavismo? El Departamento del Tesoro y la Casa Blanca justifican esta medida señalando el presunto fraude electoral y la posterior represión de la disidencia. No cabe duda de que el régimen de Maduro ha utilizado todos los recursos a su disposición, incluidos organismos de seguridad como el SEBIN y la DGCIM, para sofocar las críticas. No obstante, mientras Estados Unidos congela activos y restringe transacciones financieras de estos funcionarios, la realidad en Venezuela sigue siendo otra: un país sumido en una profunda crisis económica y política, donde las sanciones, aunque simbólicas, no parecen aliviar la carga de millones de venezolanos. Por un lado, es innegable que estas medidas buscan ejercer presión sobre el círculo íntimo de Maduro, dificultando su capacidad de maniobra internacional y señalando que las violaciones a los derechos humanos y los procesos electorales fraudulentos no quedarán sin respuesta. Sin embargo, la historia reciente demuestra que estas acciones no han logrado fracturar el poder del chavismo ni movilizar cambios internos significativos. Por el contrario, suelen convertirse en un arma retórica que el régimen utiliza para afianzar su discurso antiimperialista, presentándose como víctima de una intervención extranjera. Además, cabe preguntarse si las sanciones afectan realmente a los responsables del régimen o terminan perjudicando aún más a la población. Aunque están oficialmente diseñados para castigar a individuos específicos, el aislamiento financiero de Venezuela ha exacerbado la crisis económica, golpeando a los...
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