La reciente reforma constitucional propuesta por Daniel Ortega en Nicaragua no solo revela la ambición desmedida del presidente, sino que también marca un punto de inflexión alarmante hacia un régimen totalitario. Este movimiento, que busca consolidar aún más el poder en manos del Ejecutivo, es un claro indicativo de que Ortega ya no se preocupa por disimular sus intenciones autoritarias. Consolidación del poder La reforma, que ha sido aprobada por una Asamblea Nacional dominada por sus acólitos, establece un control absoluto sobre los poderes del Estado. Al aumentar el período presidencial de cinco a seis años y crear las figuras de «copresidente» y «copresidenta», Ortega y su esposa, Rosario Murillo, formalizan un gobierno en el que ambos comparten el poder de manera equitativa. Esto no solo perpetúa su control, sino que también sienta las bases para que su hijo, Laureano Ortega Murillo, pueda heredar el poder en un futuro cercano. Destrucción de la separación de poderes La propuesta elimina cualquier vestigio de separación de poderes al otorgar a la presidencia el mando sobre los órganos legislativo, judicial y electoral. La afirmación de que «el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la presidencia» es una burla a la democracia y a los principios fundamentales del Estado de derecho. En este nuevo marco legal, el Poder Ejecutivo se convierte en una entidad vertical que controla todos los aspectos del gobierno y la sociedad. Control sobre los medios y represión Otro aspecto preocupante es la vigilancia que se establece sobre los medios de comunicación. La reforma busca evitar que la prensa sea «sometida» a intereses extranjeros y prohíbe la difusión de «noticias falsas». Sin embargo, en un país donde la libertad de expresión ha sido severamente restringida y donde muchos periodistas han sido forzados al exilio, esta medida parece más...
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