Este hecho pone en evidencia una vez más la preocupante instrumentalización del sistema judicial por parte del régimen de Nicolás Maduro, que no tolera la disidencia ni la crítica. El Ministerio Público justificó la orden alegando que González Urrutia no respondió a tres citaciones previas para declarar sobre una denuncia de fraude electoral. Es evidente que este proceso judicial tiene menos que ver con la búsqueda de justicia y más con la eliminación de una figura política que ha cuestionado abiertamente la legitimidad de Maduro. ¿Acaso es un crimen en Venezuela denunciar irregularidades en las elecciones? El trasfondo de esta orden de aprehensión es la publicación de resultados electorales por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición opositora, que asegura que González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio con un amplio margen. El Gobierno, como era de esperarse, descalificó las actas presentadas por la oposición, tachándolas de «falsas», mientras que el Consejo Nacional Electoral proclamó como vencedor a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado por la comunidad internacional. En su programa de televisión, Maduro arremetió contra González Urrutia, acusándolo de «pretender estar por encima de las leyes». Pero, ¿quién está realmente violando las leyes? La rapidez con la que se emitió la orden de captura y la falta de transparencia en el proceso judicial sugieren que este es un claro ejemplo de persecución política, disfrazada de legalidad. González Urrutia, quien ha decidido mantenerse «bajo resguardo» ante las amenazas de detención, se enfrenta ahora a cargos de «usurpación de funciones», «forjamiento de documento público», entre otros. Sin embargo, es difícil no ver esto como un intento del régimen de silenciar a una de las voces más prominentes de la oposición. La situación del opositor venezolano es un reflejo de la realidad venezolana, donde el aparato judicial...
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