La situación del fiscal general del Estado es del todo inasumible incluso para él. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid elevó el 15 de julio de 2024 al Tribunal Supremo la causa de revelación de datos de un particular que el propio Álvaro García Ortiz reconoció haber ordenado. El fiscal general del Estado puede estar al borde de la imputación. Es la primera vez en la historia democrática que se daría una circunstancia tan grave. Si Pedro Sánchez no exige públicamente la dimisión del fiscal general del Estado, estará demostrando que García Ortiz solo cumplía órdenes de La Moncloa cuando filtró una nota de prensa aireando datos de la defensa privada de un particular. García Ortiz lleva demasiado tiempo ejerciendo como el ministro 23 de Sánchez y el PP denunciándolo. Sánchez quería a su Tezanos particular en la Fiscalía y lo ha conseguido, pero no puede normalizar las imputaciones de su entorno y de sus máximos colaboradores en las instituciones. De ahí que haya el mismo número de razones que deben forzar la salida del fiscal general del Estado y son estas: El CGPJ cuestionó su nombramiento calificándolo como no idóneo. Intentó maniobrar recusando a los magistrados del Tribunal Supremo que debían decidir sobre su continuidad, tras el recurso contra su nombramiento que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en febrero de 2024. El Supremo sentenció en noviembre de 2023 que cometió “desviación de poder” cuando maniobró para ascender a Dolores Delgado. En enero de 2024, el Tribunal Supremo se ratificó acreditando “desviación de poder” tras desestimar el incidente de nulidad presentado por Dolores Delgado. Participó en actos de campaña del PSOE en Galicia en 2019. Condenado por el TS por ocultar al fiscal Stampa los detalles de la investigación abierta contra él de manera arbitraria por...
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