Una tormenta política y sanitaria, que tendrá inevitablemente consecuencias electorales. Y negativas para una izquierda y un gobierno que ha puesto buena parte de sus ‘huevos‘ en la cesta del empleo público. La maniobra del Ministerio de Sanidad, liderado por la sectaria Mónica García de Sumar, para desmantelar el sistema de mutualidades de funcionarios (MUFACE) es una bomba de relojería para Sánchez y su cuadrilla. Lo que comenzó como una propuesta política se ha convertido en un desafío logístico, económico y social de proporciones considerables. Millones de funcionarios y sus familias permanecen en un limbo, inciertos sobre el futuro de su atención médica. La cuenta atrás hasta el 27 de enero de 2025 marca el ritmo de una crisis que está lejos de resolverse y que promete seguir siendo un tema candente en la política y la sociedad española en los próximos meses. Lo que comenzó como un intento de «fortalecer la sanidad pública» amenaza con desestabilizar tanto el sector público como el privado de la salud en España. El plan, elaborado por el Ministerio de Sanidad, propone el «tránsito de los mutualistas de MUFACE al Sistema Nacional de Salud« en un plazo de nueve meses. Esta propuesta ha sido recibida con alarma por parte de los funcionarios y las aseguradoras privadas, que ven en ella una amenaza directa a un sistema que ha funcionado durante décadas. Reacción en cadena La respuesta no se ha hecho esperar. Adeslas, Asisa y DKV, las principales aseguradoras que prestan servicios a MUFACE, decidieron no presentarse a la licitación del nuevo concierto, argumentando que las condiciones económicas eran insuficientes. Esta decisión ha dejado al Gobierno en una posición comprometida, obligándole a ampliar el plazo de licitación hasta el 27 de enero de 2025. El riesgo de desaparición de MUFACE no solo afecta a los...
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