No les imagino consumidores compulsivos de la bazofia informativa que propagan RTVE y los chupatintas de la ‘Brunete Pedrete’, pero si entre ustedes hay algún masoquista que se atiborra de propaganda oficial le aconsejo que no pique, que ni siquiera vacile. El calvario de Sánchez, del PSOE, de su incompetente Gobierno y de su propia familia no es fruto de una oscura conspiración entre periodistas no adictos, jueces trabucaires y guardias civiles rencorosos. Es consecuencia de la activación del Estado de Derecho para analizar, enjuiciar y previsiblemente condenar la corrupción y los abusos perpetrados, en esta ocasión, por una trama de facinerosos a la sombra del mismo presidente del Gobierno. En una sola semana, la que hoy concluye, han pasado por los juzgados Aldama, principal intermediario del tinglado; Begoña, la mujer del máximo jefe socialista; Ábalos, ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE; Koldo, antiguo portero de puticlub elevado a la condición de gestor de confianza, y dos personajes muy diferentes, pero ambos vinculados a la descarada promoción de los negocios privados de la esposa de Sánchez: el directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes y la asesora Cristina Álvarez. Y además, hemos descubierto, al levantarse el secreto de sumario y conocerse una de la investigaciones de la UCO, que el fiscal general del Estado, el imputado García Ortiz, borró todos los mensajes de su teléfono móvil personal para dificultar la investigación del Tribunal Supremo, contra él, por revelación de secretos. Y que en la tostada, como agentes del PSOE y colaboradores en tapar la basura, operaron con celo digno de mejor causa que la de obstruir la acción de la Justicia, Angélica Rubio, recién enchufada en el Consejo de RTVE, Ion Antolín, flamante nuevo secretario de Estado de Comunicación y Francesc Vallés, su predecesor como jefe...
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