La última tropelía del socialista Sánchez, que pone en marcha un plan para censurar las redes sociales, especialmente a través de la modificación de la ley de rectificación, ha hecho saltar todas las alarmas. La justificación oficial es que esta ley facilitará a los ciudadanos defenderse contra informaciones falsas de manera más eficiente. Sin embargo, la verdadera intención es crear un marco legal que permita al Gobierno socialcomunista etiquetar como «bulos» cualquier crítica o revelación incómoda, especialmente aquellas que involucran corrupción dentro del propio Ejecutivo, el PSOE y la familia de Sánchez. La tentación de silenciar a los críticos y manipular la narrativa pública es inherente a cualquier poder político, pero es especialmente alarmante cuando proviene de un líder sin escrúpulos, acorralado por investigaciones judiciales y policiales. En lugar de luchar genuinamente contra la desinformación, una causa que los medios de comunicación ya abordan diariamente, el gobierno busca convertir en «fake news» cualquier información que cuestione su impunidad. Sánchez intenta presentar las investigaciones judiciales, las revelaciones periodísticas y las conclusiones perjudiciales como parte de una conspiración para derribarle, transformando evidencias en montajes y conclusiones en asonadas. La instrumentalización del fiscal general del Estado, el Tribunal Constitucional y la toma de control de RTVE son ejemplos de cómo Sánchez busca manipular las instituciones para su beneficio. La osadía de Sánchez, que ignora el principio democrático de rendición de cuentas, viola la relación equilibrada entre los poderes del Estado y aspira a otorgar al Ejecutivo la autoridad para decidir qué es verdad y qué es mentira. Esto no solo conculca la democracia, sino que también se asemeja a las prácticas de regímenes totalitarios.Esta iniciativa, presentada como una medida para combatir los bulos y mejorar la calidad del debate público, ha sido criticada por muchos por vulnerar principios constitucionales y por su potencial...
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