Nicaragua, un país de seis millones y medio de habitantes donde el 95% de la población es cristiana. Una población que está siendo despojada obligatoriamente de su fe mientras el mundo se mira girar a sí mismo… sin hacer nada. Lo dijo el mismo Jesucristo: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Juan 15-20) La persecución contra la Iglesia Católica del régimen de Daniel Ortega ha alcanzado niveles alarmantes marcados por el encarcelamiento de obispos y sacerdotes, la expulsión masiva de religiosos, el cierre de instituciones como Cáritas y Radio María a quienes se les han confiscado sus bienes. La situación exige atención urgente por parte de la comunidad internacional, pero… ¿Dónde está la ONU? ¿La comisión de Derechos Humanos de la UE? ¿Los organismos internacionales que supuestamente deberían presionar contra el tirano? ¿Dónde están las sanciones internacionales? El 1 de enero de 2025 ya no quedará ninguna monja en Nicaragua. Este hecho, por sí solo, simboliza la magnitud de la represión contra la Iglesia Católica y su influencia en la sociedad. Las religiosas han sido forzadas a abandonar el país con sus respectivas órdenes despojadas de su estatus legal y con sus propiedades confiscadas. Esta medida extrema es el patrón sistemático de agresión contra la libertad religiosa en Nicaragua. Una persecución implacable y sostenida desde 2018, cuando el régimen de Ortega intensificó su campaña contra la Iglesia Católica. Desde entonces, más de 250 líderes religiosos han sido forzados al exilio. La persecución no solo afecta a las figuras religiosas, sino también a los fieles, quienes se enfrentan a restricciones en la práctica de su fe: el gobierno ha prohibido procesiones, cancelado celebraciones tradicionales y militarizado iglesias; las parroquias han sido allanadas y las propiedades eclesiásticas confiscadas, dejando a comunidades enteras sin apoyo espiritual y social....
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