Los venezolanos que exigimos justicia, para que no queden impunes los miles de crimines de lesa humanidad perpetrados por funcionarios del régimen chavomadurista, a lo largo de estos 25 años de barbarie, nos resulta demasiado lenta la tramitación de los fallos que hemos venido solicitando ante la Corte Penal Internacional. No nos animan sentimientos vengativos, eso lo hemos explicado, una y otra vez, cada vez que acudimos a cualquier instancia internacional, o cuando participamos como expositores o relatores de todas las atrocidades cometidas. En las más recientes diligencias puestas en marcha, como la efectuada cuando un grupo de ciudadanos acudimos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el pasado lunes 18 de noviembre del presente año, escuchamos de voceros de algunas fuerzas políticas representadas en ese foro, argumentos como el que se fincaba en “el inconveniente de no interferir en la autonomía de la Corte Penal Internacional”. Ese mismo silogismo se percibió de labios de parlamentarios que forman parte del Congreso de Diputados de España, el día 10 de diciembre, después que la brillante exponente de la tragedia venezolana, Cayetana Álvarez de Toledo desplegara su tesis titulada “Yo Acuso”, que le permitió detallar, en pocos minutos, la hilera de violaciones de los más elementales derechos humanos de ciudadanos venezolanos, pero también de origen español, portugués, Checo, italiano, estadounidenses y argentino. Para despejar cualquier duda que se pudiera haber desprendido de esos razonamientos o excusas, para negarse a acompañar nuestra lucha, quiero traer a colación algunos testimonios dados a conocer recientemente por expertos en el tratamiento de esta materia tan delicada que ocupa nuestra atención y nos motiva a redactar esta crónica. Tenemos la reacción de un prestigioso jurista que ha consagrado buena parte de su carrera a defender o a ventilar los temas relacionados con los derechos humanos. Se...
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