El resurgimiento de grupos civiles armados en la frontera de Arizona tras la victoria de Donald Trump plantea serias preocupaciones sobre la seguridad, los derechos humanos y el papel de estos colectivos en un contexto ya de por sí complejo. Organizaciones como Arizona Border Recon, que durante años estuvieron inactivas, han vuelto a la escena con un renovado propósito: alinearse con la retórica de mano dura contra la migración que caracteriza al expresidente y su enfoque de seguridad fronteriza. Aunque los líderes de estos grupos, como Tim Foley, insisten en que su labor es patriótica y de apoyo a las autoridades, su historial y modus operandi levantan serias dudas. Foley asegura que no se trata de una milicia en el sentido tradicional, sino de un grupo de civiles rastreadores certificados con la intención de proteger el país. Sin embargo, portar armas de alto calibre y patrullar la frontera con atuendos militares no es simplemente una expresión de preocupación ciudadana, sino un acto que puede derivar en abusos e incluso violencia. El pasado está lleno de ejemplos de los peligros que representan estas agrupaciones. Casos como el de Roger Barnett, condenado por agredir a migrantes, y los excesos del Proyecto Minutemen, ilustran los riesgos de permitir que ciudadanos armados actúen bajo la apariencia de “vigilantes” de la frontera. Estos grupos no solo operan al margen del Estado de derecho, sino que sus acciones históricamente han resultado en violaciones a los derechos de migrantes y comunidades locales. La llegada de la Administración Trump y la posibilidad de una cooperación formal con estas milicias no hacen más que amplificar las alarmas. Los comentarios de figuras como Thomas Homan, quien describió a estos civiles armados como “buenos patriotas”, legitiman indirectamente su presencia y refuerzan una narrativa peligrosa. La retórica de apoyo desde el gobierno...
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