En un país democrático, nadie debería estar por encima de la ley, y el caso de Begoña Gómez es un buen ejemplo para reflexionar sobre cómo se enfrentan los derechos y las obligaciones de figuras públicas cuando surgen conflictos con la justicia. La mujer de Sánchez ha trasladado al juez Peinado, que la investiga por cuatro delitos que no acudirá a la citación judicial del próximo 18 de noviembre de 2024, porque se va a la cumbre del G20 en Brasil. Su defensa así se lo ha comunicado en un escrito al instructor del procedimiento, quien la emplazó para comparecer por tercera vez en esta causa, tras imputarle nuevos delitos por el software de la Universidad Complutense de Madrid. La consorte del amo del PSOE fue citada recientemente para recibir una querella por presunta apropiación indebida e intrusismo. En su escrito, su abogado Antonio Camacho explica que ha tenido «perfecto conocimiento» de la nueva querella de Hazte Oír que se adhiere a estas diligencias, pero que «ninguna norma impone que la citación de la querella sea personal, como tampoco su citación de declarar». Por ello, le traslada al juez que estiman que su derecho de defensa está «salvaguardado», sin que sea necesaria su presencia para recibir la notificación. La explicación proporcionada por su equipo legal y la invitación de la primera dama brasileña, Janja Lula da Silva, plantean un interesante dilema: ¿puede un compromiso diplomático justificar la falta de comparecencia ante un tribunal?. Gómez argumenta que, al ya tener conocimiento de la querella, no necesita comparecer en persona y que ninguna norma obliga a que la notificación sea personal. Esto resalta una cuestión clave en la justicia: ¿cómo equilibrar la igualdad ante la ley con las responsabilidades internacionales de las figuras públicas? Muchos ciudadanos comunes probablemente se pregunten por qué...
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