Las recientes revelaciones hechas por el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, son alarmantes: una joven de 15 años fue supuestamente violada por Morales, quien además habría engendrado una hija con ella. Si bien este proceso sigue abierto, ya ha sacudido profundamente a la opinión pública. La indignación que genera este tipo de delitos es comprensible. No solo se trata de una grave acusación contra un ex presidente, sino de un golpe a los valores fundamentales que cualquier sociedad debe proteger: la seguridad y dignidad de los menores. El hecho de que Evo Morales, mientras ejercía el poder, se haya visto envuelto en un crimen de esta naturaleza es un recordatorio amargo de cómo la política puede corromper, y de cómo algunos líderes se creen intocables. La fiscal Sandra Gutiérrez, quien denunció que fue removida de su cargo por solicitar la detención de Morales, es un ejemplo claro de las barreras que enfrentan quienes tratan de hacer justicia en casos de alto perfil. Cuando los intereses políticos entran en juego, la justicia parece diluirse, y las víctimas —en este caso una menor de edad— quedan relegadas a un segundo plano. Este patrón de impunidad y manipulación es peligrosamente común en América Latina, donde los poderosos muchas veces logran evadir las consecuencias de sus actos. No es la primera vez que Morales enfrenta acusaciones de esta índole. En 2020, ya se le vinculó con dos casos de estupro, uno de los cuales también resultó en un embarazo. Estos casos, junto con las revelaciones actuales, dejan en claro que existe un patrón de conducta que no puede ser ignorado. Morales, quien alguna vez fue visto como un defensor de los derechos de los pueblos indígenas y de los sectores más vulnerables, parece haber utilizado su posición de poder para su propio...
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